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No es posible separar la Masacre de San Juan de la guerrilla dirigida por Ernesto Che Guevara.

La Razón (Edición Impresa) / 18 de junio de 2017

Como Edgar Ramírez recordó recientemente en el acto de conmemoración del natalicio de Che Guevara, no es posible separar la Masacre de San Juan de la guerrilla que operaba en el sudeste boliviano hace medio siglo. Sorprende que ambos acontecimientos frecuentemente sean vistos de forma separada, como si no formaran parte del mismo contexto. La operación punitiva contra los campamentos mineros solo se explica en el marco de la campaña contrainsurgente emprendida por el Gobierno boliviano de entonces, con apoyo estadounidense y de las dictaduras vecinas del cono sur latinoamericano, principalmente Brasil, Argentina y Paraguay.

“Vista la preocupación de los países limítrofes (...) se hace necesario preparar un informe sobre la actual situación política que ilustre los probables nexos entre la agitación minera y las actividades de la guerrilla (...)” dice un telegrama secreto del Departamento de Estado estadounidense a su embajada en La Paz, fechado el 27 de junio de 1967, tres días después de la masacre.

En torno a los 50 años de la Guerrilla del Che en Bolivia se hace necesario un cambio de enfoques y actitudes. Además del recuerdo de los caídos (37 guerrilleros y 49 soldados y oficiales), debería procederse a una evaluación del suceso en su perspectiva histórica, en el contexto latinoamericano y mundial de aquella época, y en su proyección hacia la realidad actual. Asimismo, es importante esclarecer muchos aspectos que han permanecido en las sombras o han sido oscurecidos, tanto por el afán laudatorio de unos, como por la vehemencia condenatoria de otros.

Me explico: en un polo se sitúan los que suponen que lo único que cabe es el concepto de gesta protagonizada por los guerrilleros, y por tanto, se construye un panegírico de acciones heroicas que alimentan el mito. En el otro polo se sitúan los que solo tienen ojos para ver el fenómeno guerrillero con el lente ahumado de la Guerra Fría, y se ensañan con improperios y descalificaciones que a su vez alientan el mito de una “invasión” extranjera a Bolivia derrotada gloriosamente por las Fuerzas Armadas.

En medio de los enredos que ensombrecen el panorama de este fin de año, a pesar de las incoherencias de unos y otros, y por encima de las estridencias desatadas por el apasionamiento político, hay en ciernes un avance positivo enfilado a saldar una antigua deuda histórica de la democracia. Se trata del tratamiento de una ley que debe establecer una Comisión de la Verdad para cerrar los casos de persecuciones, asesinatos, torturas, desapariciones y otros atentados contra los derechos humanos del periodo 1964-1982.

Si el tema no vuelve a estancarse o postergarse sin fecha como ocurrió anteriormente, si no se la deja de lado ante apremios políticos circunstanciales, en las próximas semanas esta ley con sus objetivos primigenios tendría que ser promulgada de una buena vez. Si esto ocurre, no solamente se atendería la mencionada cuenta pendiente, aspecto que ya de por sí es relevante. También se cumpliría un compromiso que, como Estado, Bolivia asumió en reiteradas oportunidades ante organismos internacionales y que venía soslayando sin una explicación coherente. Pero además, y esto es muy importante, la comisión a nominarse tendría la suficiente autoridad para ordenar la apertura de archivos clasificados, de todas las reparticiones del Estado y de cualquier otra institución pública o privada.