En medio de los enredos que ensombrecen el panorama de este fin de año, a pesar de las incoherencias de unos y otros, y por encima de las estridencias desatadas por el apasionamiento político, hay en ciernes un avance positivo enfilado a saldar una antigua deuda histórica de la democracia. Se trata del tratamiento de una ley que debe establecer una Comisión de la Verdad para cerrar los casos de persecuciones, asesinatos, torturas, desapariciones y otros atentados contra los derechos humanos del periodo 1964-1982.

Si el tema no vuelve a estancarse o postergarse sin fecha como ocurrió anteriormente, si no se la deja de lado ante apremios políticos circunstanciales, en las próximas semanas esta ley con sus objetivos primigenios tendría que ser promulgada de una buena vez. Si esto ocurre, no solamente se atendería la mencionada cuenta pendiente, aspecto que ya de por sí es relevante. También se cumpliría un compromiso que, como Estado, Bolivia asumió en reiteradas oportunidades ante organismos internacionales y que venía soslayando sin una explicación coherente. Pero además, y esto es muy importante, la comisión a nominarse tendría la suficiente autoridad para ordenar la apertura de archivos clasificados, de todas las reparticiones del Estado y de cualquier otra institución pública o privada.

Para enumerar los trabajos que se ocupan de las etapas post Che, que abarcan varias décadas, los dedos de las manos bastan, sin embargo se están dando los primeros pasos para abrir seriamente las fuentes documentales, tanto escritas como orales.

Un insistente y reiterado reclamo a quienes se embarcaron en la lucha armada desde fines de los años 60 fue que recogieran documentos y levantaran testimonios sobre su accionar. A varios de ellos y ellas, generacionalmente colegas y en cierto modo sobrevivientes de esa larga contienda, solíamos decirles que estaban dejando un agujero negro en la historia del país.

La Razón (Edición Impresa) /23 de abril  de 2017

Suele decirse, no sin razón, que lo primero que muere en toda guerra es la verdad; y esto ocurrió también en 1967 durante la guerrilla del Che. El primer choque armado se produjo el 23 de marzo en el cañadón de Ñacahuasu (palabra guaraní que pasó al castellano como Ñancahuazú), en circunstancias en que una de las dos patrullas que buscaba a los guerrilleros cayó en una emboscada tendida por ellos. El comunicado oficial fue emitido el 27, casi cuatro días después de los hechos. Y está lleno de afirmaciones que ninguna fuente militar pudo confirmar posteriormente.

La primera, que el choque se había producido con un batallón de ingeniería ocupado en construir el tramo caminero entre Vallegrande y Lagunillas. Falso. Se trataba de una fracción de la IV División del Ejército con asiento en Camiri, al mando del mayor Hernán Plata, organizada precipitadamente con la finalidad de ir en busca de los guerrilleros. Otra fracción con la misma tarea, aunque con rumbo distinto, la comandaba el mayor Alberto Libera. Los mandos militares tenían ya, a esas alturas, suficiente información sobre la presencia de la guerrilla.